Septiembre - 2014

A propósito de la iniciativa de una fianza única en el seno del CPsJ

 

     El documento elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo de Políticas del Juego (CPs), que hace las veces de Conferencia Sectorial del Juego en el ámbito de la ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM), adelantado en primicia por nuestra revista en su anterior edición, ha tenido un eco significativo. Son las comunidades autónomas las que deben pronunciarse al respecto y ello lo harán en la reunión de los grupos de trabajo prevista para el último día de septiembre. Eran varios los argumentos incorporados en aquel documento, pero la propuesta de fianza única era ciertamente significativa. En JP pedimos a Miguel Angel Bermejo, gerente de la sociedad de garantía recíproca Fianzas y Servicios, que efectuara una evaluación, un análisis del documento en lo relativo a las fianzas. A continuación, sus valoraciones.

 

 

Reflexiones a la propuesta regulatoria de racionalización normativa y unidad de mercado en el sector del Juego

 

     El documento resalta dos objetivos que se buscan con el propósito de racionalización de la exigencia de las fianzas:

       1.- Evitar redundancias y duplicidades, y;

       2.- Hacer más razonable su coste para el operador en el ámbito real de su operación dentro del territorio nacional.

Aunque se nos pudiera achacar algún tipo de interés económico en tanto somos prestadores del producto en si (la fianza), quisiera dejar claro que el análisis que realizamos siempre persigue la búsqueda del beneficio de la empresa y/o el empresario del sector.

 

El establecimiento de las fianzas atiende a un doble objetivo:

 

 a.- Garantizar el cumplimiento de la norma que regula la actividad en cuestión: obligaciones técnicas, económicas y, por supuesto, evitar el uso fraudulento de la actividad del Juego.

 

 b.- Profesionalización del sector. Si bien puede parecer una barrera de entrada, hay que entenderla más como una inversión inicial que el empresario asume para poder actuar en el sector. Desde esta doble perspectiva, una entidad financiera o de caución siempre valora la fianza como un riesgo que asume con el operador y por el que, a cambio, cobra una comisión. Es cierto, a mayor incertidumbre, mayor debe ser el coste por asumir el riesgo. En este sentido en Fianzas y Servicios entendemos que, cuanto más delimitados y definidos de antemano figuren los riesgos, más posibilidades existe de que el coste sea menor.

 

Si por el contrario, cuestiones tan esenciales como el territorio donde se va a desarrollar la actividad, el beneficiario de la fianza o las responsabilidades que cubren tal fianza no están perfectamente definidas o pueden cambiar a lo largo de la vida de la fianza, mayores son las Incertidumbres asociadas a los riesgos y, en consecuencia, mayores son los costes asociados a las fianzas o incluso serán menos las entidades dispuestas a prestar las mismas.

Por todo ello cuestiones como una fianza única válida para diferentes territorios autonómicos añaden elementos de incertidumbre que perjudicarían en última instancia a los propios operadores. ¿Por qué? Porque encarecerían el producto y tendrían dificultades para hallar entidades prestadoras de fianzas.

    Cuando se analiza una operación de concesión o no de una fianza, todas las entidades financieras valoran el punto de vista financiero del solicitante, pero además también se valoran cuestiones tan importantes como los riesgos cubiertos por la fianza. Y es en este aspecto donde vemos que los reglamentos autonómicos no son todos exactamente iguales. Luego, entonces tampoco son idénticos los riesgos.

¿Cómo vamos a valorar una fianza que podría cubrir riesgos diferentes, dependiendo de la comunidad en la que nos encontremos? Con el sistema de fianza única podríamos encontrarnos con casos similares.

En consecuencia, antes de acometer un proceso de fianza única, unifiquemos los reglamentos y las responsabilidades que se exigen que cubran las fianzas. Sólo en un escenario en el que todos los reglamentos exigieran cubrir las mismas responsabilidades sería posible una fianza única con coste similar al actual.

Otro aspecto que debe valorarse es la racionalización del importe de las fianzas. Las actuales reglamentaciones arrojan una gran variedad de importes para riesgos similares cuando la lógica debería ser tender a un importe similar en todas las comunidades, si se tratara de responder de los mismos o similares riesgos.

Sin embargo, este razonamiento, que pudiera entenderse como aceptable en la óptica de la racionalización antes comentada, choca con otros aspectos difíciles de plasmar en un documento. A nadie se le escapa que tomarse un café en la Plaza Mayor de Madrid no cuesta lo mismo que tomárselo junto a la Torre Eiffel en París por mucho que la marca del café sea la misma. ¿Por qué en Andalucía se exige una fianza de 10.000 euros por explotar el mismo número de máquinas recreativas que en Madrid, donde se exigen 36.000 euros? Las máquinas son las mismas, las recaudaciones pueden ser similares.... Entonces, ¿por qué esa diferencia?.

Regresando al coste del servicio una vez más, las entidades valoran más positivamente aquellas regiones donde, ante riesgos similares, los importes de las fianzas son menores. Si esta situación cambiara por la aplicación de otro sistema de cálculo de la fianza, los costes nuevamente podrían incrementarse.

 Por último, un aspecto esencial para los prestadores de fianzas es el plazo de vencimiento de las mismas. La mayor parte de las Comunidades Autónomas exigen fianzas con vencimiento indefinido. Nuevamente hallamos un elemento clave en la evaluación del coste de la fianza. El análisis que hagamos hoy sobre el operador solicitante, ¿va a valer de manera indefinida?

 

     Evidentemente el plazo es un elemento determinante en la evaluación de los riesgos. Luego, si queremos incorporar un instrumento que abarate el coste, busquemos una fórmula de acotar la validez de las fianzas en el tiempo. Estamos de acuerdo en que la solicitud de una fianza para la realización de la actividad pueda tener carácter indefinido (mientras que el operador la desarrolle, se obliga a depositar la correspondiente fianza), pero no estamos de acuerdo en que el prestador de tal fianza se obligue deforma indefinida. La limitación del plazo de validez de la fianza sería el elemento más determinante en el cálculo del coste del servicio.

     En resumen:

      1.- Unifiquemos las responsabilidades que se exija que cubran las fianzas
 
      2.- Admitamos que en territorios distintos la exigencia de fianzas pueda tener un importe diferente
 
      3.- Fijemos un plazo de validez a las fianzas
 
Estoy convencido que todas estas cuestiones sí incidirían en el abaratamiento de los costes de las fianzas.

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